Cuando parecía que la tranquilidad había llegado a los propietarios de buena fe, la triste realidad de Marbella vuelve a enturbiar sus cabezas. El Ayuntamiento acordó poner en conocimiento de la autoridad judicial, lo que ellos consideraban imposibilidad legal de ejecutar las sentencias firmes que anulaban licencias de obras puesto que el nuevo PGOU prevé su legalización, pero no parece que tenga todas las razones jurídicas consigo.
La directora general de inspección de la Junta de Andalucía respondió el pasado 31 de enero que la existencia del nuevo plan es un “prius” necesario, no es suficiente para alegar la imposibilidad de ejecución del fallo puesto que "solo se entenderá ejecutada una resolución judicial firme anulatoria de licencia de obra cuando los deberes establecidos por el nuevo instrumento de planeamiento hayan sido definitivamente cumplidos" Es decir, que o alguien compensa la perdida de equipamientos, o se debe ejecutar la sentencia.
Con respecto a las compensaciones, el Ayuntamiento se ha dirigido con poco éxito a los promotores que en su día transmitieron los inmuebles supuestamente "libres de cargas", en la practica totalidad de los casos, los mencionados promotores, ni responden, ni se es espera. El futuro próximo postelectoral: el establecimiento de una nueva carga urbanística sobre las propiedades equivalente a la compensación no obtenida, a no ser que se apruebe un nuevo Plan General.
La situación actual de dichos propietarios no sólo no ha mejorado sino que la inacción de la administración en la exigencia de estas compensaciones a los promotores les perjudica. Mientras tanto, todos los beneficiarios de las construcciones se van de rositas, mientras que ninguna administración se considera responsable del desaguisado. A pesar de ello, los ciudadanos siguen sin exigir juridicamente esa responsabilidad pública dejando pasar el tiempo y viendo su esfera patrimonial perjudicada. La vía administrativa y judicial está abierta para exigir esa responsabilidad.
Los principios más básicos de la actuación administrativa han sido vulnerados: concedieron una licencia de obras en su momento y dando la vuelta a la tortilla posteriormente establecen a través del PGOU que los propietarios de las viviendas que no se ajustan al planeamiento vigente deberán responder económicamente, sin que sea posible, a día de hoy, fijar dicho montante.
Esta situación no beneficia ni a los compradores de buena fe; que verán sus inmuebles grabados, ni a los vecinos de buena fe que no recuperaran sus equipamientos perdidos. Tanto unos como otros se ven perjudicados por el anormal funcionamiento de las administraciones que no han sabido resolver los graves problemas heredados de los gobiernos gilistas.
Después de todo esto ¿no consideran que estamos huyendo hacia adelante, perjudicando seriamente a los derechos de los administrados? La responsabilidad patrimonial de las administraciones publicas es evidente, no obstante, los perjudicados volverán a ser los compradores y ciudadanos, mientras que a los malayos les habrán salido rentables sus delitos.
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